MANIFIESTO 8M2021- MOVIMIENTO FEMINISTA DE MADRID

Mujeres feministas en lucha por la igualdad entre sexos



Como ya es sabido, el día 8 de marzo se conmemora la marcha de centenares de trabajadoras por las calles de Nueva York, ciudad testigo de las huelgas de las mujeres de las fábricas, marcadas por la desesperación producida por el trato recibido en las mismas. Hoy, 164 años después, seguimos reclamando justicia para todas las mujeres, por las que lucharon antes y las que se quedaron en el camino, también en este aciago año de pandemia.


Hoy, 8 de marzo de 2021, Día de las Mujeres, la lucha de las mujeres apela a la conciencia de toda la sociedad y el Movimiento Feminista de Madrid MANIFIESTA:


Desde la aparición del coronavirus, la pandemia nos está golpeando con extraordinaria dureza. En apenas dos meses de confinamiento, las llamadas al 016, teléfono de atención para la violencia machista, aumentaron un 60%; evidencia del terror de quienes se ven obligadas a encerrarse con sus maltratadores.


A la cifra de víctimas de violencia machista es necesario añadir factores que afectan de forma específica a las mujeres mayores, que estamos perdiendo nuestras redes de asistencia, no solo de familiares, por miedo al contagio, sino en centros de día, de salud, de mayores, sin poder compensar dicha pérdida con el uso de nuevas tecnologías, por la gran dificultad que nos supone al colectivo y que nos sume en una soledad no deseada.


Con la crisis económica derivada de la pandemia, las mujeres protagonizamos las colas del hambre, la pobreza severa, la precariedad laboral y la exclusión social. La Covid-19 también ha puesto de manifiesto la debilidad del sistema público de salud. El paro se está cebando con nosotras en Madrid, un 58% del total.


La pandemia pone aún más en evidencia que las mujeres en situación de prostitución somos las esclavas del siglo XXI. Varias organizaciones feministas han detectado que, durante el confinamiento, el 80% de los pisos donde se nos explota han seguido en activo. Las medidas anunciadas por el Gobierno apenas fueron parches y no nos han llegado a las víctimas. Muchas de nosotras, en situación irregular, no conocemos nuestros derechos, ni tenemos acceso a la salud, ahora bajo mayor riesgo.


A medio y largo plazo la pandemia traerá un repunte de mujeres en situación de prostitución acuciadas por la falta de trabajo. Hay que añadir el agotamiento del personal sociosanitario, enfermeras, auxiliares y trabajadoras de las residencias, mayoritariamente mujeres por la asignación del rol de cuidadora que, posicionadas en la primera línea de respuesta a la enfermedad, sufrimos un alto nivel de exposición al contagio y al estrés. Sumemos limpiadoras, dependientas y cajeras, profesiones imprescindibles y feminizadas. Y como colofón el Teletrabajo, sin apenas legislación, que nos añade mayor carga y ha venido para quedarse.


La covid-19 ha agravado la sobrecarga de cuidados, fundamentalmente a las madres, en un país en el que la mitad de las familias monoparentales nos situamos bajo el umbral de la pobreza, y tenemos que elegir entre cuidar o trabajar, perdiendo el único ingreso familiar, nuestros derechos laborales y derechos a pensión. Se siguen produciendo desahucios en hogares vulnerables que deberían estar suspendidos. Seguimos teniendo unos servicios públicos deficitarios en calidad y acceso. Muestra de ello ha sido el funcionamiento de las residencias y la falta de atención a las personas mayores, que nos lleva a plantearnos cambiar este modelo de negocio, porque no todo vale para ganar dinero. Es urgente una legislación para las Residencias, donde las personas mayores y dependientes seamos tratadas y cuidadas con respeto y dignidad.


Las administraciones públicas no han resuelto nada después de un año. La crisis ha hecho más evidente la necesidad de que la economía no reconocida de los cuidados forme parte de la estrategia central de los Estados.


La Violencia Machista, es sin duda la mayor lacra social que existe actualmente y también el extremo de las desigualdades entre los sexos.


Según datos oficiales en nuestro país, 1.077 mujeres hemos sido asesinadas a manos de nuestras parejas o exparejas desde 2003. Sin duda, la cifra del horror y la vergüenza que deja tras de sí 37 menores asesinados desde 2013 y 765 en orfandad por el asesinato de sus madres por violencia machista entre 2003 y 2019. Hoy, luchamos también por las más de 32.000 mujeres que vivimos hoy en España con protección policial, un 9% más que el año anterior, 2019. El Movimiento Feminista reivindica por los miles de mujeres que no constamos en las estadísticas y que también sufrimos terrorismo machista.


En septiembre conocimos las alarmantes cifras de la sexta macroencuesta de violencias contra la mujer en España. La propia delegada del Gobierno reconoce que sus datos son demoledores. Una de cada dos mujeres (57,3%) residentes en España de 16 o más años hemos sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de nuestra vida, una de cada cinco en los últimos doce meses. Más de 2.800.000 mujeres de 16 o más años residentes en España hemos sufrido violencia sexual en algún momento de nuestra vida. Más de 453.000 hemos sido violadas alguna vez. El 36,5% de las mujeres no denunciamos por temor a no ser creídas. Este terrorismo machista tiene consecuencias graves sobre nuestra salud física y psicológica, cuando siete de cada diez víctimas requerimos atención psicológica y más del 20% tenemos una discapacidad a consecuencia de la violencia sufrida. Hartas de tanta injusticia:


Exigimos que se acabe con todas las manifestaciones de violencia hacia las mujeres solo por el hecho de serlo.


Exigimos acompañamiento y protección a las mujeres víctimas de violencia machista, formación para todos los agentes implicados, creación de juzgados especializados y unidades de valoración forense integrales. La dispensa de la obligación de declarar contra nuestro agresor es contraria a la lucha contra la violencia machista y deviene, en muchos casos, en impunidad. Si naturalizamos la violencia contra las mujeres perdemos la oportunidad de vivir en una sociedad más justa y más libre


Exigimos que se contabilicen todos los feminicidios en cumplimiento del Convenio de Estambul.


Exigimos medidas para la independencia económica de las mujeres maltratadas; un acuerdo entre la administración pública, los agentes sociales y las empresas para garantizar nuestra seguridad sin que suframos menoscabo en nuestros derechos laborales, estableciendo la obligatoriedad para todas las empresas de un plan de prevención y ayuda a las mujeres que sufrimos violencias machistas.


Exigimos reformar el sistema judicial, que nos revictimiza por ser mujeres. Es necesario crear nuevos juzgados especializados en violencia machista en todas sus instancias, con formación obligatoria para todo el personal que actúe en ellos.


Las mujeres ganamos al año casi 6.000 euros menos que los hombres. Tenemos la mayor parte de contratos a tiempo parcial y una tasa de paro casi diez puntos más alta que los varones. Somos el máximo exponente de la precariedad en nuestro país, porque el patriarcado y el capitalismo se aseguran de mantenernos con las peores condiciones laborales y con la carga casi en exclusiva de los cuidados y las tareas del hogar


Exigimos una profunda revisión del pacto de Toledo que reconozca estos esfuerzos.


Exigimos que los criterios para valorar las contribuciones sociales incluyan reproducción y cuidados, con el fin de reducir la injusta carga adicional de trabajo que realizamos las mujeres para nuestras familias. Necesitamos políticas eficaces sobre corresponsabilidad y gestión pública, teniendo en cuenta que los cuidados no pagados en España suponen un 15% del Producto Interior Bruto.


Exigimos una ley de igualdad salarial, como herramienta para la negociación colectiva, mecanismos para que el empresariado cumpla la legislación vigente en esta materia, y que las administraciones autonómicas y locales implementen medidas de igualdad laboral.


Si existe un colectivo precario en el empleo es el de las empleadas domésticas, para las que el Estado debe ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. En su visita a España, el relator especial de Naciones Unidas nos ha escuchado a nosotras, a las mujeres gitanas en el umbral de la marginación o a las temporeras del campo, y ha dado un serio aviso sobre un sistema de protección social roto.


Hoy día, si nace un varón, tendrá un 92% de posibilidades de recibir una retribución por jubilación que le permitirá disfrutar de descanso, en la justa correspondencia que avala el pacto social español por sus contribuciones a la sociedad. Sin embargo, si nace una mujer, estas posibilidades serán de un 46%. Además, la pensión del hombre será mayor en más de un 50%. Con esta crudeza muestran las estadísticas cómo se acumulan en nuestra vejez las desigualdades por el hecho de nacer mujeres. Se nos otorga un menor derecho a ser cuidadas por una sociedad que, paradójicamente, nos reserva para ser cuidadoras.


Exigimos urgentes medidas de redistribución de la riqueza que permitan cerrar la escandalosa brecha salarial en población pasiva que, hoy por hoy, duplica a la de población activa.


Esta falta de una expectativa halagüeña en la vejez nos sitúa en una posición débil para negociar la igualdad con los hombres en cualquier escenario de nuestras vidas, cuando no nos convierte en mercancías a merced de la voracidad de las leyes de mercado y el capricho sexual masculino; posición que nos empuja a subrogarnos a un pretendido compañero, que ejerce de patrón; a emplearnos en el mercado negro en condiciones infames, cuando no a someternos a las esclavitudes modernas más violentas: Prostitución, Pornografía y Vientres de Alquiler.


Aunque durante el confinamiento de 2020, el 80% de los pisos de prostitución siguieron en activo, el miedo al contagio ha obligado al mercado a reconvertirse hacia el sector de la explotación sexual online, donde priman los chats sexuales y la pornografía, aumentando la captación de mujeres y niñas para este uso. Es hora de cerrar estos sitios web y responsabilizar a sus ejecutivos.


La trata es consecuencia de la demanda de prostitución y de pornografía, por lo que exigimos que ambas sean reconocidas legalmente como violencias machistas, toda vez que implican el sometimiento sexual de mujeres y niñas vulnerables.


Exigimos una ley abolicionista del sistema prostitucional que penalice todas las modalidades de proxenetismo y a los puteros, que alimentan con su dinero la industria de explotación sexual de mujeres y niñas y que se implementen medidas que protejan a todas las victimas con independencia de su nacionalidad o situación administrativa y se les reconozca el derecho a una reparación integral de todos los daños causados. Tenemos el deber de imaginar un mundo sin prostitución. Solo así podremos mantener una coherencia entre el discurso de la igualdad y su práctica real.


Nuestro ordenamiento jurídico debe tipificar explícitamente como delito los vientres de alquiler y considerar ilícita su promoción por cualquier vía.


Porque es insostenible la particular situación que viene produciéndose en España, con una ley que no permite la práctica, pero sí mantiene una Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado que la fomenta, exigimos derogar la Instrucción de 5 de octubre de 2010, sobre régimen registral de la filiación de nacidos mediante prácticas de explotación reproductiva, que ampara la importación de bebés a la carta.


Exigimos modificar la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, para que, de modo fehaciente, sin que dé lugar a interpretación posible, se considere explícitamente la ilicitud de la mal llamada “gestación por sustitución”, incurriendo en una tipificación de delito punible y sancionable de aquellas personas que opten por esta práctica. Consideramos que el compromiso del pacto de gobierno en esta materia es insuficiente, conservador e inaplicable.


En los últimos años hemos observado el calado social, algunas con indiferencia y otras con extrema preocupación, de una corriente que aboga por la eliminación del concepto “sexo”. Esto, que podría quedarse en una mera tendencia pasajera, ha irrumpido en los documentos sobre los que se basan las políticas públicas internacionales y, por consiguiente, en algunas leyes nacionales y locales. Si bien a primera vista a algunas les parecerá un inocuo ajuste conceptual, implica nada menos que el borrado de las mujeres como sujeto político.


Las teorías que nos presentan como nuevas y liberadoras tienen ya décadas de existencia, y sus efectos sobre la lucha feminista y la lucha de clases son perjudiciales, ya que desdibujan que el camino para la emancipación de la mujer se abre paso cuestionando las bases materiales de la opresión, no negándola como sujeto político, ni sustituyendo la realidad de las mujeres por el mismo constructo cultural que las oprime: el género.


Por tanto, lo que hace unas décadas se limitaba a algunos debates académicos, sin llegar a obtener amparo empírico, hoy amenaza con poner en juego los avances y derechos conquistados para y por las mujeres.


Sin embargo, contra lo que cabría esperar, en el ámbito público, ya sea en las universidades, en los partidos políticos, e incluso en los congresos legislativos, estas teorías posmodernas acientíficas han entrado sin resistencia alguna, despolitizando y desconectando la agenda del movimiento feminista de nuestra lucha por modificar la injusta realidad material de las mujeres y niñas alrededor del mundo.

Por todo lo anterior rechazamos tajantemente todo intento de invisibilizar el sexo como eje de opresión, así como los intentos de pulverizar el significado de la palabra “mujer”.


Nos ha tomado demasiado tiempo percatarnos del daño concreto que los postulados que se derivan de la teoría queer y las políticas de “identidad de género” están haciendo a las mujeres y al feminismo. Por lo que no podemos permitirnos más complacencia y pasividad.


Es el momento de alzar la voz y refutar las posturas machistas disfrazadas de progresismo benévolo que sostienen que las mujeres y las niñas NO existimos.


Los hogares han experimentado un cambio considerable hacia la heterogeneidad del hecho familiar. Sin embargo, hay que mencionar que no todas las instituciones reflejan en sus datos la diversidad familiar.


Si bien las familias han dejado de ser estructuras cerradas y excluyentes, crece el número de parejas de hecho, las familias monoparentales (de las cuales un 80% son monomarentales), y un 42% nacimientos fuera del matrimonio. En general, se diferencian por el modelo de relación afectivo – sexual, por el número de integrantes sustentado por el mayor control de la natalidad por parte de las mujeres, y por la mayor igualdad entre sexos de la organización intrafamiliar.


Exigimos los mismos derechos civiles, sociales, laborales, y fiscales para las parejas de hecho que se conceden al matrimonio. En particular, la reforma de la legislación laboral y tributaria para la concesión de los mismos permisos y beneficios, la equiparación de la pensión por fallecimiento de la pareja a la pensión de viudedad, y el mismo título de familia numerosa, en su caso.


Exigimos la posibilidad de la filiación conjunta de menores en las parejas del mismo sexo. En concreto, el reconocimiento de ambas madres dentro de la pareja sin requisito de matrimonio.

Exigimos una ley específica de familias monomarentales/monoparentales, con reconocimiento de un título propio que nos asegure la misma protección social que a las familias numerosas, con independencia de nuestro estado civil y del número de hijos/as, saldando así una deuda histórica con nosotras, las madres solteras. Dicha ley debe garantizar nuestro trato igualitario en todo el Estado y permitir la aplicación de políticas específicas en los ámbitos que nos afectan, con especial incidencia en el empleo y la conciliación.


Exigimos reconocimiento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral para el cuidado de hijos/as no comunes tanto de la pareja de hecho actual, como de la pareja o matrimonio anterior, mediante una armonización de la legislación de las CCAA a través de una Ley Marco estatal de igualdad de diversidad familiar, con el fin de que todas las personas de cualquier hogar tengamos los mismos derechos con independencia de la vecindad civil.


Dichas políticas han de basarse en la corresponsabilidad social con los cuidados y la equidad, con perspectiva feminista y de infancia, dando así cumplimiento a la Moción del Senado de 27 de octubre de 2020.


Exigimos la garantía de la igualdad de trato y no discriminación por razón de grupo familiar, así como la igualdad de oportunidades a través de la acción protectora del Estado de bienestar y adaptación de materiales y contenidos escolares a las nuevas realidades familiares, acompañando de medidas para reequilibrar las relaciones productivas, reproductivas y distributivas, mediante la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, y corresponsabilidad social, adaptado a cada modelo de familia.

La custodia compartida impuesta o el falso síndrome de alienación parental son estrategias de coacción y castigo a las mujeres. Exigimos que la custodia compartida deje de ser prevalente o impuesta, y se asimilen la parentalidad y marentalidad social al parentesco por afinidad para todas las familias, y en concreto en las reconstituidas y/o ensambladas.


La Comunidad de Madrid arrastra la mala gestión de los fondos Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en los ejercicios de 2018 al 2020. El Gobierno regional ni puede ni debe seguir ignorando o minimizando la desigualdad, la escasez de recursos públicos, la pobreza o el impacto de la pandemia sobre las mujeres. Las licitaciones, privatizaciones y externalizaciones de servicios asistenciales y sanitarios públicos a empresas privadas no cesan, deteriorando en extremo los servicios públicos tan necesarios en situaciones tan difíciles como la actual.


En nuestra Comunidad, transcurrido el cuarto año de ejecución de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género 2016-2021, correspondiente al ejercicio 2019, la Red de Atención Integral para la Violencia de Género tuvo que atender a 56.538 mujeres; una cifra alterada en el año actual por la crisis del covid-19: durante el confinamiento hemos sido atendidas 5.600 mujeres.


El Gobierno regional gestiona de manera rutinaria los centros, servicios y programas en los que se abordan las situaciones de las mujeres víctimas de violencia machista o pertenecientes a población en riesgo de exclusión, como minorías migrantes de mujeres latinoamericanas y magrebíes. Los centros residenciales para mujeres víctimas de trata en la Comunidad de Madrid solo atendieron a 55 mujeres en 2019.


Exigimos, en particular al Gobierno regional, que ponga en marcha la elaboración de un nuevo Plan que sustituya a la agotada Estrategia Madrileña contra la violencia machista 2016-2021, con la participación de las organizaciones de mujeres, incluyendo propuestas concretas del movimiento feminista en esta materia.


Exigimos una reforma del Consejo de la Mujer de la CM que, lejos de ser un mero Órgano de la Administración pública, devuelva a las asociaciones de mujeres la participación social y ciudadana,

Exigimos un Plan de educación afectivo-sexual en la CM adaptado a todas las edades y que contemple la diversidad sexual de la Comunidad.


Exigimos restablecer el consejo asesor del observatorio regional de violencia machista y la reforma de la ley autonómica 5/2005 para que incluya todas las violencias contra las mujeres, incluyendo la prostitución, injurias, calumnias y la lesbofobia.


Exigimos que las mujeres migrantes tengan protección y derechos en todos los supuestos de violencia, debiendo ser reconocidos con independencia de su situación administrativa o nacionalidad.


Exigimos medidas contra la violencia intrafamiliar hacia las mujeres por motivos religiosos o tradicionales, como la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil o la imposición del velo patriarcal a las menores.


Exigimos un derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin el acoso de la ultraderecha religiosa, revertir la contrarreforma que afecta a las jóvenes de 16 y 17 años más vulnerables, anticonceptivos de última generación gratuitos y garantía efectiva de las prestaciones en la sanidad pública.


El reconocimiento del talento de las mujeres también es hacer justicia. Vindicamos el valor de nuestra aportación al acervo común en la creación y el conocimiento. Es una gran misión de rescate colocar a las viejas maestras en las páginas de historia, abrir los cánones de la academia y verlas como referentes. Es preciso hacer cumplir la ley de igualdad, con la presencia equitativa de ambos sexos en los mandos públicos y privados.


Denunciamos el negacionismo de la Violencia Machista que la ultraderecha pretende instalar en nuestro país, con un discurso reaccionario que busca chivos expiatorios en las mujeres o en las personas migrantes, y que nos trae más machismo, más homofobia, más racismo.

Este neofascismo es el disfraz populista de la alianza criminal entre la ideología patriarcal y la estructura capitalista. Nuestras abuelas sufragistas y republicanas ya sabían que el feminismo es y será siempre antifascista.


La lucha continúa y no van a callarnos

MUJERES FEMINISTAS EN LUCHA POR LA IGUALDAD ENTRE SEXOS

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